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Políticas públicas para combatir la desigualdad de género

Se duplicó la presencia de mujeres en los cargos jerárquicos del gobierno

Según un informe de Jefatura de Gabinete, en julio de 2020 el 37% de los puestos
más altos de la Administración Pública Nacional están ocupados por mujeres,
mientras que al finalizar la gestión anterior, sólo representaban un 19%

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A partir de un informe promovido por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y realizado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de dicha cartera, se relevó que el 37% de los puestos más altos de la estructura organizativa del total de los cargos jerárquicos, están ocupados por mujeres, mientras que el Gobierno anterior terminó su gestión con el 19% de mujeres en estos altos mandos, que incluyen ministerios, secretarías y subsecretarias.

A partir del armado de un frente político amplio donde confluyen distintos sectores
de la sociedad argentina y de un gabinete que incluye a históricas militantes feministas, y tras una escucha atenta de las propuestas y demandas sociales, el Gobierno Nacional dio cuenta de su posicionamiento respecto a las problemáticas de género en distintos aspectos y escalas de la escena pública, en defensa de los derechos de las mujeres.
Encabezada por Elizabeth Gómez Alcorta, la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuenta actualmente con el mayor cupo femenino, ocupando la totalidad de los cargos jerárquicos con mujeres, incluyendo a una mujer trans, la primera en ocupar un alto cargo en la Administración Pública Nacional; seguida por la del ministerio de Seguridad, con el 58%, y luego se destacan los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Educación; tres carteras que alcanzan una representación paritaria exacta del 50%.

Una deuda con la igualdad

Desde la época en la que en plena campaña electoral transitaba los distintos
caminos de la Argentina, Alberto Fernández dejó en claro que entre sus temas
prioritarios estaba el de dar respuestas a las necesidades de una sociedad que
reclamaba la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de
oportunidades, demanda que se tradujo en gran parte en las acciones que las
agrupaciones y colectivos feministas fueron planteando tanto en espacios
académicos como en las calles del país.

Al asumir como presidente de la Nación el 10 de diciembre pasado, Fernández
ratificaba que sus palabras no eran frases hechas para ganar la simpatía de una
parte del electorado, sino que se traducían en proyectos e iniciativas en la materia,
entre otras cosas, con la creación del tan ansiado Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad, el primer ministerio para la mujer en la historia argentina.
También hacía referencia a la mujer en su discurso del 1 de marzo ante la
Asamblea Legislativa, donde habló de la construcción de un Nuevo Contrato de
Ciudadanía Social, donde incluyó la articulación de las distintas “fuerzas políticas,
los sectores productivos, las confederaciones de trabajadores, los movimientos
sociales, que incluyen al feminismo, a la juventud, al ambientalismo. Vamos a
sumar en ello, también al entramado científico-tecnológico y a los sectores
académicos”, decía el primer mandatario

Políticas públicas para transformar la realidad
Desde los inicios de su gestión, el presidente ha tomado la decisión de ahondar en
las problemáticas de género a través de políticas públicas dirigidas a brindar
asistencia a las víctimas de violencia y a trabajar para generar las condiciones de
una sociedad más justa e igualitaria.
Cabe recordar el discurso de apertura del Congreso, el último 1° de marzo, en
donde el presidente confirmó su decisión de promover la aprobación de la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo, a la vez que anunció un plan de asistencia
para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad que se denomina “Plan de
los 1000 días”. Con ambos proyectos, el gobierno busca garantizar la ampliación de
derechos además de brindar la protección y apoyo en tres momentos
determinantes: el embarazo, el nacimiento y los primeros años de crianza.
Otra de las políticas públicas que signó los primeros meses del gobierno de Alberto
Fernández, fue la aplicación de La Ley Micaela, destinada a capacitar en temas
de género y de violencia contra las mujeres a todos los trabajadores de los tres
poderes estatales. A un mes de comenzar la gestión el gabinete nacional fue el
primero en asistir a la jornada de capacitación que se realizó en el Centro Cultural
Kirchner.
A su vez, Alberto Fernández presentó hace unas semanas junto a la ministra
Gómez Alcorta, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de
Género 2020-2022, el cual dispone de un presupuesto de 18 mil millones de
pesos, marcando una abultada diferencia con los 750 millones que le
destinaba la gestión anterior. El Plan Nacional cuenta con 15 ejes de acción que
incluyen la creación de centros territoriales integrales, la modernización de la línea 144, un programa de asistencia económica y acompañamiento a mujeres y
personas LGTBI+ en situación de riesgo.

Resultados concretos
Con el decreto 310/2020, lanzado en el marco de la pandemia del Covid-19, el
gobierno nacional estableció el ingreso familiar de emergencia (IFE), destinado a
garantizar un sustento económico para los sectores más vulnerables de la sociedad.
El desarrollo y alcance inédito de esta política pública -que llegó a casi 9 millones de
personas- recuperó una importante dimensión de género, ya que la población de
trabajo informal contiene una brecha salarial del 36,8%. Según detalló un informe
realizado por la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la
Nación, el 55.7% de quienes recibieron el IFE son mujeres y el 61.5% tienen
entre 18 a 34 años.
Esta medida contribuye a cerrar brechas de ingresos entre varones y mujeres por
diversos motivos. Por un lado, porque su distribución es progresiva en términos de
género, y además, porque dentro de su población objetivo, se encuentran las
trabajadoras de casas particulares, lo que constituye un potencial reconocimiento al
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (más de 270.000 empleadas de
casas particulares fueron beneficiadas).
Una política pública que también tiene fuerte impacto en la brecha de género es la
AUH, la cual es recibida por 4.282.302 de niños, niñas y adolescentes donde el
94,7% de las titulares son mujeres (madres, tutoras o encargadas). Para
destacar su importancia, la AUH contó con dos refuerzos -en diciembre de 2019 y
marzo 2020 por 2 mil y 3 mil pesos respectivamente-, a la vez que se le sumó la
tarjeta Alimentar con montos de entre 4 mil a 6 mil pesos.

También se tomó la decisión de postergar las deudas que habían contraído casi
el 80% de las titulares de la AUH con ANSES, lo que contribuye y permite aliviar
la situación de muchas mujeres del país.

El futuro
El presupuesto 2021 tendrá como uno de los grandes ejes la transversalidad de la
perspectiva de género en todas las políticas que lleve adelante el gobierno el
próximo año.
Esto puede verse reflejado en el plan de AySA, el cual estipula que la mitad de las
personas contratadas para las obras proyectadas, deben ser mujeres mujeres.
También ocurre con el programa El Barrio Cuida al Barrio y Potenciar Trabajo, que
incluyen remuneraciones de trabajadoras de cuidado, y el Plan de Obras Públicas
que plantea la construcción de centros de atención a mujeres víctimas de violencia
de género.
Uno de los objetivos centrales de este gobierno es visibilizar aquellos trabajos que
realizan las mujeres y que no están registrados en las estadísticas públicas, como
un vehículo y un eje de gestión que siempre garantice la igualdad de género y
promueva una sociedad de mayores derechos.

 

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