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Causa "Pibes Villeros"

“Pablo Tolosa Perea puede ocupar cargos públicos mientras la sentencia no esté firme”

Lo aseguró su abogado, Elías Efraín Garay, quien lo defendió en el juicio por la causa “Pibes Villeros” y en el que Tolosa recibió una condena a 2 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. El letrado afirmó que agotará las instancias recursivas y podría llegar hasta la Corte Suprema de la Nación de ser necesario.

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El juicio en el que fue juzgada Milagro Sala junto a otras 30 personas por la causa conocida como “Pibes Villeros”, en el que se investigó el desvío de fondos millonarios destinado a la construcción de viviendas sociales culminó este lunes con la condena a la ex dirigente social a 13 años de prisión y a otras 16 personas por considerarlas integrantes de una asociación ilíta para defraudar al Estado provincial.

Entre los condenados se encuentra el ex vocal social del IVUJ, Pablo Tolosa Perea, que recibió una condena de 2 años de prisión condicional más una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por haber firmado 14 convenios de licitación de cooperativas en el marco de la construcción de viviendas sociales.

Si bien Tolosa recibió la pena mínima y de cumplimiento condicional, la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos es el punto que más le preocupa, ya que dedicó toda su vida a la militancia y aspiraba a hacer una carrera política.

En este sentido, su abogado defensor, Elías Efraín Garay, manifestó a Enfoque Jujuy que “la sentencia tiene que quedar firme y consentida para que empiecen a correr los dos años y la inhabilitación perpetua, mientras tanto puede ser gobernador o Presidente de la Nación. Ocurrió con Carlos Menem, que mientras no tuvo condena firma pudo presentarse como candidato a senador por La Rioja”.

“Incluso lo puede ser Milagro Sala, si ella quiere ser candidata a gobernadora lo puede ser porque la sentencia no está firme ni consentida. Todas las vías recursivas pueden llevar dos o tres años por lo menos”, sostuvo.

Garay destacó además que “Tolosa estuvo a cargo de una subrrogación por diez días por un viaje del titular, él como vocal social tenía un departamento de control de las viviendas que otorgaba el IVUJ a empresas constructoras con planes nacionales, pero de las cooperativas no tenía idea. Al día siguiente le dijeron que tenía que firmar un convenio. Él se asesoró con el presidente, con las asesoras, con los abogados, con los contadores y todos le dijeron que estaba bien. Si no firmaba, ahí sí estaba cometiendo el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque se paralizaba el IVUJ”.

Irregularidades en el proceso

Por otro lado, el letrado remarcó que hubo varias irregularidades tanto en la investigación como en el proceso, puntualizando que “en el caso específico de mi cliente, lo acusar por firmar 14 convenios en concurso real, también dije en mi alegato que no hay concurso real, es una mala y maliciosa interpretación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El concurso real son varios delitos realizados en distintos momentos (hoy, mañana, pasadomañana, etc.). estos convenios se firmaron en un solo acto y en un solo momento. Y no fueron 14, sino 20 convenios, que no agravaban la pena o la calificación. Los otros 6 convenios eran de los cooperativistas que declararon como testigos estrellas del MPA. Escondieron esos 6 convenios para traerlos a ellos de testigos. Yo no puedo decir quién estuvo detrás de esto porque no tengo pruebas, pero como es político, uno puede pensar cualquier cosa”.

“Injerencia” del Gobierno

Consultado sobre si el Gobierno provincial tuvo alguna injerencia en la decisión del tribunal, Garay indicó que “yo creo que el Gobierno tuvo mucha injerencia en el fallo. Yo en un principio fui abogado de dos funcionarios del IVUJ: de la contadora Gutiérrez y del vocal social Tolosa. Yo no había renunciado a la defensa ni me había revocado el mandato de la contadora, pero cuando voy a ver el expediente me doy con que el MPA pide el sobreseimiento, entre otros, a la contadora Gutiérrez y le miente al juez de control diciéndole que estaban acusados por defraudación a la administración pública, porque la contadora Gutiérrez estaba imputada por defraudación a la administración pública y 14 hechos en concurso real, igual que Tolosa. Entonces, ¿cómo a uno le piden el sobreseimiento y al otro lo llevan a juicio? La actuación de los dos era la misma porque los dos firmaron los cheques de anticipo financiero que corresponden”.

“Yo analizando el expediente veo quiénes son los otros contadores y eran funcionarios del Gobierno actual a nivel ejecutivo municipal y provincial. Yo, como defensor de Gutiérrez no me podía oponer, pero a Tolosa lo mandaron a juicio”.

En este sentido, el abogado expresó que “primero, les demostré que había un solo supuesto delito, no 14 como decían y hubo muchas irregularidades. Esas irregularidades se han marcado durante el proceso de investigación que ha hecho el MPA y yo veía que la sentencia iba a ser lo que salió ayer, con algunos pequeños detalles. A mi defendido lo condenaron por un solo hecho, no 14, y le dieron la mínima”.

Finalmente, el letrado recalcó que “no es una sentencia justa ni injusta, pero no la comparto. Voy a seguir todas las vías recursivas, llámese Casación, Superior Tribunal de Justicia o Corte Suprema de la Nación”.

“El plazo para la apelación empieza a correr cuando nos notifican a nosotros de los fundamentos que correrían a partir de hoy pero ellos van a pedir un plazo extraordinario, que es lógico que lo pidan, porque son 30 sentencias que tienen que resolver y fundamentar, así que calculo que recién en marzo podremos apelar”.

“El Tribunal, dentro de todo se portó bien, había delitos que se tenían que condenar, pero fundamentalmente el delito de asociación ilícita no se pudo probar, hubo amenazas, extorsión y otras cosas que se probaron, pero la asociación ilícita no se pudo probar y la condena es por asociación ilícita. Pero hay que ser respetuosos del proceso y de la sentencia, aunque no las comparta”, finalizó.

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