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Pertenecía al sindicato de ferroviarios

Murió José Pedraza, el sindicalista condenado por el asesinato de Mariano Ferreyra

Fue menemista y kirchnerista, y cumplía prisión domiciliaria por el crimen de Mariano Ferreyra.

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«(Los sindicalistas) traidores trabajan de delatores, golpean y asesinan a los compañeros que luchan, aislando por falta de apoyo concreto la lucha de los trabajadores del interior. Se impone el castigo de los responsables de la entrega de la soberanía nacional y los asesinatos, torturas, secuestros y apaleamiento de militantes de la causa del pueblo».

Este texto no integra ninguna de las muchas denuncias contra los dirigentes sindicales ferroviarios que circularon después del asesinato de Mariano Ferreyra. Se trata, en cambio, de las palabras que escribiera José Antonio Pedraza a fines de los sesenta y que transcribiera José Hernández Arregui en 1972, en su libro Peronismo y socialismo. En aquellos años Pedraza oficiaba como secretario de las Agrupaciones Peronistas de Base, que revistaban en la CGT de los Argentinos, organización sindical combativa que integraba junto a Agustín Tosco, Rodolfo Walsh, Raimundo Ongaro, Horacio Verbitsky y tantos otros que apostaban a un cambio social significativo en el país. Mucha agua ha pasado desde que su pluma escribiera esta denuncia.

Hijo de un peón ferroviario, Pedraza nació en Deán Funes, Córdoba, en 1944. El pequeño pueblo cordobés mostraba en esa época una fuerte tradición ferroviaria que el joven José Antonio no iba a burlar. A los 16 años ingresó como obrero al Ferrocarril Belgrano. En esa empresa comenzó su militancia sindical, que nunca abandonaría. Al avanzar en la carrera ferroviaria, también lo hizo en el gremialismo: emigró hacia Buenos Aires y fue elegido delegado por el sector ferroportuario. Decidió estudiar la carrera de Abogacía; en ese ámbito de debate se vinculó con sectores de izquierda y estudió los clásicos del marxismo. Formaba parte del ala izquierda del Partido Socialista, aquella liderada por Juan Carlos Coral que luego se aliaría con los trotskistas de Nahuel Moreno para formar el Partido Socialista de los Trabajadores. Pedraza pronto los abandonó y se integró a los grupos del peronismo combativo.

Su actividad no pasó desapercibida para los cuidadores del orden y, en vísperas del golpe militar de Juan Carlos Onganía de 1966, fue detenido por actividades subversivas. El destino quiso que compartiera pabellón en el penal de Villa Devoto con el futuro líder montonero Rodolfo Galimberti. En 1968, el dictador Onganía decidió desconocer el congreso normalizador de la Confederación General del Trabajo ya que había sido ganado por la oposición. La excusa para no oficializar a la nueva dirección, que desplazaría a la colaboracionista liderada por Augusto Timoteo Vandor, fue que habían participado gremios sin cuota al día. El fraude impuso la división de la central obrera: el sector proscripto formó entonces la CGT de los Argentinos, dirigida por Agustín Tosco, de Luz y Fuerza seccional Córdoba, y Raimundo Ongaro, secretario general del gremio gráfico.

Pedraza fue uno de los tantos activistas que contribuyeron a la construcción del espacio rebelde y tuvo a su cargo la organización de las manifestaciones callejeras. En aquel tiempo conoció a Rodolfo Walsh, el autor de Operación Masacre que había decidido comprometerse a fondo con las luchas populares y que dirigía CGT, el periódico de la nueva central. El semanario radiografió la situación de la clase obrera bajo el onganiato y denunció la conversión de los gremios en aparatos contra los trabajadores en defensa de sus propios intereses, una forma de hacer sindicalismo que se sintetizaba en la odiada figura del «Lobo» Vandor. En esas páginas, Walsh publicó en forma de folletín su investigación sobre el asesinato del militante gremial Rosendo García, texto que se convertiría en un clásico del periodismo de investigación: ¿Quién mató a Rosendo?.

A pesar de la derrota que sufrieron los sectores combativos de los setenta con la llegada de la dictadura genocida de Jorge Rafael Videla, que no dejó lugar para la pelea por grandes transformaciones sociales, Pedraza se enroló en los sectores de la resistencia y llegó a participar de la organización del paro de 1979, una de las primeras manifestaciones obreras de desafío al terror. A fines de la década formó parte del Grupo de los 25, un sector sindical liderado por Roberto García que, aliado a Antonio Cafiero y su «Renovación Peronista», enfrentó a la ortodoxia de Herminio Iglesias y Lorenzo Miguel.

La llegada de la democracia y el gobierno de Raúl Alfonsín lo encontraron en la primera línea del sindicato ferroviario. Construyó una relación cercana con el cervecero Saúl Ubaldini, quien se convertiría en el secretario general de la CGT. En 1985 Pedraza alcanzó la secretaría general de la Unión Ferroviaria y desde allí siguió encolumnado detrás del renovador Cafiero. Sin embargo, apenas su aliado perdió las elecciones internas del Partido Justicialista frente a Carlos Saúl Menem, Pedraza se pasó de bando y se transformó en una de las caras sindicales de apoyo al gobernador riojano. Cuando en 1989 Menem asumió la presidencia, Julio Savón y Fernando Carlos Frediani, dos asesores de Pedraza, fueron designados administrador y subadministrador de Ferrocarriles Argentinos.

Santos Reale, tesorero de la UF, quedó a cargo de los Ferrocarriles Metropolitanos, una empresa estatal que fue literalmente saqueada como paso previo a la privatización. Pedraza mantenía una relación fluida con el ideólogo de las privatizaciones Roberto Dromi. Esos vínculos le permitieron crear una mutual de viviendas ferroviarias que recibió 66 espacios en las estaciones Federico Lacroze, Retiro, Once, Constitución, Liniers, Castelar, José C. Paz, Morón, Merlo, Moreno, Lanús, Lomas, Temperley, Monte Grande, Mar del Plata, Padua y terrenos en la calle Yerbal, en Rojas y Bacacay y en Belgrano C, supuestamente destinados a la construcción de casas. Pedraza pagaba por cada espacio un alquiler promedio mensual de 15 dólares, sin indexación. La operación le sirvió para lucrar con locales en decenas de estaciones, pero no para solucionar los problemas de vivienda de sus afiliados. En los primeros meses de 1989 manifestó su apoyo público al plan privatizador del Banco Mundial que Menem levantaba como bandera propia. Llamativamente, fue en ese momento que se mudó a una casa en Villa Devoto cuyo valor se estimó en un millón y medio de dólares.

Pedraza no dudaba a la hora de elogiar al ministro de Economía Domingo Cavallo: «Nuestra relación es excelente. Sin su colaboración no hubiéramos logrado muchas de las cosas que logramos». No era para menos: en 1991 el rol de Pedraza y la dirigencia de la Unión Ferroviaria fue decisivo para el levantamiento de la huelga de sus trabajadores contra la privatización de los trenes, luego de más de un mes de lucha encarnizada. El movimiento huelguístico se había realizado contrariando la decisión de la dirección sindical de no ofrecer resistencia a los planes privatizadores. La entrega de las concesiones ferroviarias a las empresas privadas y el cierre de ramales desangraron el sistema ferroviario, transformaron a decenas de localidades en pueblos fantasmas y diezmaron a sus trabajadores. De todas maneras, Pedraza siguió teniendo motivos para festejar. En 1993, Menem entregó a la UF la concesión de los mil kilómetros que componen el recorrido del ferrocarril Belgrano Cargas. Graciela Coria, segunda esposa del dirigente ferroviario, se convirtió en la presidenta de la compañía y durante su gestión la empresa fue llevada al descalabro. Hoy forma parte de la directiva de la misma compañía mientras que Ángel Stafforini, hombre de la Unión Ferroviaria, la preside. Néstor Kirchner rescató al Belgrano Cargas e incluyó en la gestión empresaria al grupo Macri y al sindicato de Camioneros de Hugo Moyano, que aún mantienen la sociedad.

Tal vez Pedraza vaya a recordar los años noventa como los mejores de su vida. En 1991, a pesar de que se había vencido su mandato sindical, contó con el visto bueno de la Corte Suprema menemista para renovar su dirección sin elecciones. Mediante una maniobra estatutaria excluyó a la opositora Lista Celeste de los comicios; comunicó las condiciones de la elección en la página de finanzas del diario La Nación. En 1996, poco antes de la elección gremial, Jorge De Nápoli, dirigente celeste, fue despedido de su puesto. Rubén Norberto Carrizo, jefe de custodios de Pedraza, lo citó en un bar y le presentó la disyuntiva de elegir entre aceptar plata y guardar silencio o enfrentar a «los pesados». Por «pesados» se refería al mayor Osvaldo Zacarías y al capitán Héctor Pedro Vergez, ex carapintadas que trabajaban en la SIDE, quienes le reiteraron personalmente el mensaje. Unos días después, De Nápoli encontró un pan de trotyl en su casa de Pinamar.

Un allanamiento en la Unión Ferroviaria, ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide, dio con los mismos panes de trotyl, mechas y detonadores que se habían usado para el fallido atentado, además de un mapa de la ciudad balnearia del que se había arrancado la porción que correspondía al domicilio del sindicalista opositor.

La llegada del kirchnerismo no modificó la especial manera de concebir el sindicalismo de Pedraza. En 2003 firmó el convenio 612/03, que concedía a las empresas América Latina Logística Central SA y América Latina Logística Mesopotámica SA todos sus pedidos: polivalencia funcional, ampliación del período de prueba a seis meses, asignación de vacaciones cuando al empleador decidiera y aceptación del transporte ferroviario como un servicio público esencial, punto que obliga a mantener el servicio en funcionamiento en caso de huelga, criterio que no admiten los gremios del transporte ni la Organización Internacional del Trabajo.

Pedraza también fue procesado por administración fraudulenta del fondo de sepelios de los trabajadores ferroviarios y, en 2006, se le dictó un embargo por 50 millones de pesos. El fondo para sepelios, creado en 1980, se conformaba con el descuento compulsivo de un porcentaje del sueldo de los trabajadores ferroviarios, que varió según la época. A partir de 1987, la Unión Ferroviaria se lo transfirió a la Asociación Mutual Intersindical de Recíproca Asistencia y Protección Integral. La investigación judicial descubrió empresas fantasmas, supuestos proveedores que en realidad eran familiares de los directivos ferroviarios y tercerizaciones que conformaron el ropaje legal que suele usarse para «drenar fondos ilegalmente».

Se le imputa a Pedraza haber desviado entre 1993 y 1998 el 64% de los ingresos aportados por los trabajadores, un porcentaje equivalente a 34,3 millones de pesos. El fallo que dictaba el millonario embargo contra Pedraza destacaba que «no se encontraba acreditada la efectiva prestación de servicios; se habrían realizado en dinero en efectivo, pese a tratarse de elevadas sumas y contar la entidad con cuentas bancarias; eran familiares de los directivos quienes aparecen como prestadores, en tanto que algunos de los supuestos proveedores tienen domicilio en el mismo edificio en el que funciona la mutual ferroviaria».

A medida que las privatizaciones redujeron el padrón de afiliados, los descuentos compulsivos se extendieron de los trabajadores activos a las viudas pensionadas, y el valor de la cuota se incrementó. Según la fiscal Graciela Gils Carbó, el contrato celebrado entre la UF y la mutual, que a su vez subcontrató con la empresa Parcelas Argentinas la compra de espacio en cementerios privados, era «una fachada para cubrir el fabuloso desvío de fondos sindicales en provecho propio de los enjuiciados». Defendido por el estudio del ex jefe de fiscales de la Nación, Esteban Righi, Pedraza recusó al juez, logró que la causa rebotase de cámara en cámara sin ser elevada nunca a juicio oral, hasta que en mayo de 2008 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal dictó la nulidad de todo lo dispuesto y la prescripción de la causa.

Pedraza también fue denunciado por el cierre del Hospital Ferroviario –en su momento, el de mejor atención médica de todos los sindicatos argentinos– en medio de fabulosos negociados, como el de la tercerización de estudios de alta complejidad. El líder sindical transformó al Hospital Ferroviario en un desarmadero de la zona de Retiro. Su edificio comenzó a ser desocupado a fines de 2010, trámite previo a la venta a una empresa privada para que abra un nuevo shopping (…).

En 2010, «casi 8.000 trabajadores ferroviarios llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una denuncia contra la empresa que tiene la concesión del transporte de carga General San Martín por una mala implementación del Programa de Propiedad Participada (PPP), que habría contado con la complicidad de Pedraza», señala una nota de Ana Vainman en el diario Buenos Aires Económico. El secretario general de la UF está acusado de ser funcional y socio de los intereses de la empresa concesionaria y firmar balances «dibujados» que habrían probado el supuesto déficit de la compañía, en base al cual nunca pagaron dividendos correspondientes a las acciones de los trabajadores. Como la denuncia penal fue archivada por la Justicia local, la abogada Liliana Zabala elevó el reclamo a la CIDH, aunque aún quedan en el país otras dos causas en los fueros civil y comercial federal.

Por si todo esto fuera poco, de las investigaciones por los fraudes y coimas gestionadas por el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, surge que la encargada de disponer el uso del material rodante inservible importado de España es Sofse, la empresa estatal dirigida por el apoderado legal de la Unión Ferroviaria, Juan Araya. Este dirigente es el mismo que aparece involucrado en las escuchas telefónicas como responsable de contratar a los abogados defensores de acusados por el asesinato de Mariano. El 5 de enero de 2011, ocho de estas formaciones –cuyas características las acercan más a la chatarra que a vagones utilizables para el transporte público– se incendiaron. Los peritos indican que el fuego podría haber sido intencional. (…)

En la causa que investiga el crimen de Mariano Ferreyra, el examen de la computadora de Pedraza posibilitó el acceso a un documento modificado que dio lugar a la siguiente observación del fiscal Fiszer: «Nótese que en ocasión de recibir un fax en el que se adjunta un proyecto de convenio para la transferencia de las acciones mayoritarias de Belgrano Cargas SA, y gracias al procesador de textos Word, queda reflejado que (Pedraza) eliminó la cláusula relativa a la estabilidad de los trabajadores ferroviarios en el acápite 7.8 y la cláusula tercera».

En esa clase de dirigente sindical en constante degradación se había convertido Pedraza.

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