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En el Día de lucha contra la violencia institucional

Las dos caras de la Violencia Institucional en la Legislatura de Jujuy

Por un lado autoridades hablando bonito de la violencia de género, y por el otro conferencia de prensa de una víctima de violencia institucional, violencia de género y discriminación exponiendo la indiferencia de las autoridades por su caso.

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Ayer se realizó en la Legislatura un encuentro especial entre los diputados para tratar en comisión las acciones en el marco de la violencia institucional, mientras que los asistentes se referían al tema de manera liviana y sin ejemplos, en otro sector de la Casa de Piedra, brindó una conferencia de prensa por parte de Ana Ascárate, quiera fuera victima de maltrato policial, según declaraciones de la mujer.

“Ahora estoy un poco mejor, trabajando para que se haga justicia, que todo esto que estamos viviendo pueda ser visto por la Justicia, sobre todo por el fiscal y el ministro de Seguridad, que son las personas que deben actuar”, indicó Ana.

“Por otro lado solicitar a los diputados que se forme una Comisión exclusiva para las personas con discapacidad y un protocolo para las personas con discapacidad para que se manejen en este tipo de situaciones”, propuso.

Contó además que “en estos momentos el único protocolo se encuentra en Buenos Aires, y acá no estamos ni adheridos ni actualizados, este dice que ninguna persona con discapacidad puede estar sola, tiene que haber un psicólogo o un psicoterapeuta”.

Consultada sobre si desde algún organismo oficial o incluso policial se acercaron para acompañarla u ofrecer disculpas, Ana respondió que “no nadie. Las personas que me acompañaron y se solidarizaron conmigo son mi familia, mi abogado, vecinos, amigos, gente que se acercó de manera espontánea que se ha sentido identificada con mi situación”.

“Creo que también la policía y las fuerzas de seguridad en sí, están muy deshumanizada, no solo conmigo, sino con las personas en general, por eso es importante la creación de esta comisión, y no solo para los discapacitados, sino para todas aquellas personas que sean violentadas en sus derechos humanos, de la mujer “, resaltó

La abogada de Ana es la Dra. Paula Alvarez Carrera, ella informó sobre la situación del caso, al respecto indicó que la denuncia la hizo su defendida inmediatamente recuperó la libertad tras lo sucedido en la detención.

“La investigación estaría en manos del fiscal Arraya, hasta el momento Ana no fue llamada a ratificar la denuncia y eso es importante porque ella necesita dar la mayor cantidad de detalles y además acompañar con elementos probatorios”, detalló.

Continuando con la materia investigativa, la letrada resaltó que es el Ministerio Público de la Acusación el que debe informar sobre el personal involucrado tanto en el operativo de control de alcoholemia, los que la trasladaron a la Seccional Sexta, “se debe identificara al personal de esta comisaria, ya que colaboraron con la ilegalidad de este procedimiento”, subrayó.

“Recordemos que Ana fue detenida de manera arbitraria, en ningún momento se le informó sobre el motivo de su detención o arresto, estuvo incomunicada dentro de la seccional, fue llevada por la fuerza, en el transcurso de este traslado forzoso fue fuertemente golpeada y esposada”, acotó la abogada defensora.

Agregó que su clienta fue “amenazada en caso que ella haga una denuncia iban a sufrir consecuencias ella y su familia, con lo cual hubo una grave violación de los derechos humanos, en todo momento se hizo referencia a su condición como discapacitada y por su género”.
Asimismo hizo hincapié en que los controles de alcoholemia se les realiza a los conductores de vehículos y que “en ese momento Ana no manejaba, estaba en calidad de acompañante”.
Por último anticipó que iniciará acciones legales en contra de las instituciones de los Derechos Humanos.
“También vamos a hacer por las inacciones las denuncias correspondientes, porque hasta el momento no sea acercado ninguna institución defensora de los Derechos Humanos para preguntar por la situación de Ana, cuando deberían haber actuado de oficio porque tienen esa facultad, estoy hablando específicamente de la Secretaría de Derechos Humanos, del INADI, del área perteneciente al Ministerio Público de la Acusación que tiene una función de proteger los derechos de las víctimas. Ninguna de estas instituciones se acercó una vez tomado estado público este caso”, concluyó Álvarez Carrera.

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