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El radicalismo y sus aliados aprobaron la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas

El Justicialismo asegura que el gobierno busca neutralizar el control de las cuentas del estado

El Bloque Justicialista de la Legislatura provincial no acompañó la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas por entender que el Ejecutivo pretende limitar las facultades del órgano de contralor, y cuestionó una vez más el procedimiento parlamentario utilizado por el radicalismo y Primero Jujuy, ambos pertenecientes al interbloque Juntos por el Cambio, con la anuencia de la presidencia de la Cámara, de convocar a una sesión especial para avanzar en este tema.

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Para los diputados justicialistas no es casualidad que a pocos días de cumplir su mandato constitucional, el gobernador Gerardo Morales haya puesto en marcha distintas acciones para condicionar el normal funcionamiento del Tribunal de Cuentas. En este sentido, varios legisladores del PJ deslizaron que “lo que intenta el mandatario es evitar los controles sobre el destino que tuvieron los recursos de todos los jujeños desde que asumió la gobernación”.

 Por lo mismo, la legisladora Alejandra Cejas afirmó que el oficialismo parlamentario, a instancias de las órdenes provenientes de Casa de Gobierno, forzó la concreción de una sesión especial que no ameritaba su convocatoria, por tener incluido dentro de su temario una cuestión que no requería de un urgente tratamiento.

 Cejas fue más puntual aún. “Morales no quiere rendir cuentas”, esbozó en un tono crítico y tajante. Inmediatamente después, marcó una serie de irregularidades que se cometieron desde la presidencia de la Legislatura para dar curso a la petición de llevar adelante la sesión especial, pasando por alto lo marcado por la Constitución Provincial y el Reglamento Interno del parlamento jujeño.

 Siguiendo su descripción, detalló que el proyecto directamente fue bajado al recinto, sin pasar por la comisión respetiva y sin tener el despacho correspondiente para ser tratado. “Desde todo punto de vista, esta iniciativa es inconstitucional e inmoral. Este no era un tema urgente, pero lo que se busca con ello es salvarle la ropa al gobernador”, apuntó.

 Otro de los diputados justicialistas que fue crítico con el avance del oficialismo sobre la vida institucional del organismo de control fue Javier Hinojo, quien dijo no entender por qué ahora, después de cuatro años, el oficialismo resuelve que es necesario hacer modificaciones en el Tribunal de Cuentas.

 Haciendo un análisis de algunos sucesos políticos, Hinojo recordó que este gobierno y el oficialismo “fueron acomodando las instituciones de manera irresponsable”. Asimismo, el legislador puso en evidencia la maniobra desesperada que hizo Morales hace un par de semanas atrás para remover de sus cargos, a través del instituto del juicio político, al fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, y a tres miembros, entre ellas su titular, del Tribunal de Cuentas.

 Otros legisladores justicialistas tildaron a esta cuestión como algo absurdo y coincidieron en señalar que el objetivo del gobierno de Morales con el apoyo del oficialismo es neutralizar el control del Tribunal de Cuentas. “Lo que aprobó hoy el radicalismo con sus aliados es un proyecto lleno de anormalidades”, aseveraron.

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