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Por la elevada inflación

El Gobierno mejoró el acuerdo salarial con los empleados estatales

En un contexto de elevada inflación y de una probable licuación salarial a fin de año, el Gobierno anunció una mejora del acuerdo salarial para los empleados estatales.

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“En un contexto de adecuación de las metas inflacionarias, el gobierno acordó una retribución para los empleados estatales en dos sumas fijas. El acuerdo fue firmado por Jorge Triaca, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Andrés Ibarra, ministro de Modernización y Andrés Rodríguez, Secretario General de la Unión del Personal Civil de la Nación”, informaron desde los ministerios de Modernización y Trabajo.

Según indicaron las fuentes oficiales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por el decreto 214/06 se acordó:

– El pago de dos sumas fijas remunerativas y no bonificables de $2000 y de $4000 a hacerse efectivas con los haberes del mes de octubre y de noviembre respectivamente.

– Incrementar los valores del Premio Estímulo a la Asistencia a partir del 1 de junio de 2018 en un 15% e incorporarlo en el Convenio Colectivo de Trabajo General.

– En Febrero de 2019 y en el marco de las condiciones fiscales que fueran vigentes, las partes se reunirán a los efectos de evaluar posibles mecanismos para la adecuación de la pirámide salarial.

A comienzos de junio pasado, UPCN había acordado un 15% de aumento y un bono de $2000. Ese incremento se pagaría en tres cuotas: 3% en julio, 6% en agosto y 6% en septiembre.

El acuerdo contemplaba además el pago en junio de un bonos de $2000 por única vez para todos los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo 214/06. Por otro lado, se pactó una suma fija para todos los empleados públicos con “Nivel A” (que ganan más de 40.000 pesos mensuales), que se abonará $2000 en julio y $4500 desde agosto en adelante.

En ese entonces, el Gobierno había aceptado además dar acceso a los cargos a los empleados públicos que ya concursaron. Por otro lado, también había acordado un cese de los despidos por 60 días en todos los ámbitos del Estado, a partir de la conformación de una mesa de diálogo para discutir el impacto que podría tener en la población de trabajadores el establecimiento de “dotaciones óptimas” declaradas por la cartera de Modernización.

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