Diario Digital
Envianos tus Noticias

Telefonía celular y la carencia de controles

El final de la gran estafa

La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar en la acción de amparo interpuesta en el año 2014 contra una empresa de telefonía y el Estado nacional. Los pormenores de una resolución que puede marcar un antes y un después en el sistema de comunicación nacional.

Durante enero de 2018, los servicios de comunicaciones fueron quienes más reclamos recibieron en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Entre las causas, se destacaron el hecho de no haber prestado el servicio contratado (27%) o su prestación defectuosa (26%). Además, la imposibilidad de pedir la baja de los mismos acaparó el 23% de los reclamos del rubro.

Pero los problemas relacionados con los servicios de comunicaciones no son nuevos. En forma constante, se multiplican las quejas derivadas del mal servicio y, pese a los reclamos de los usuarios, éstos no encuentran respuestas y se sienten en un estado absoluto de indefensión. Aún con todos los escollos al frente y con pronósticos agoreros en su contra, el 11 de agosto de 2014, el abogado Carlos Weyenbergh presentó ante el Juzgado Federal local, una acción de amparo constitucional en contra de la empresa Telecom Personal SA y la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, pidiendo que se declare la nulidad parcial, inaplicabilidad y la inconstitucionalidad parcial de la Resolución 26/2013 en la parte que dispone tasar las llamadas por segundos, y no recién a partir de los primeros treinta segundos de establecida la comunicación.

En aquél entonces, Carlos Weyenbergh solicitaba la inmediata suspensión de ese sistema de facturación, pidiendo que la medición sea por segundos, a partir del momento en que se inicia la comunicación y no a partir de transcurrido el medio minuto de establecida la misma, tal cual lo indica la Resolución 45/112, dictada por la Secretaría de Comunicación, que trata sobre la tasación del tiempo de aire utilizada en las llamadas efectuadas por usuarios de telefonía móvil.

Sin embargo, el 2 de octubre de 2015, el juez Federal local, Dr. Guillermo Molinari, no hizo lugar a la medida cautelar peticionada, obligando a Weyenbergh a interponer un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán, argumentando que la decisión le “ocasionaba un perjuicio irreparable al mantener la vigencia de un acto administrativo contradictorio, arbitrario y manifiestamente ilegal, en desmedro de sus derechos patrimoniales”. Esgrime además que, estando debidamente acreditados los requisitos para la procedencia de la cautelar, el rechazo de la medida “importa una denegación de justicia”.

Finalmente, la Cámara Federal de Tucumán acogió favorablemente el pedido de Weyenbergh, haciendo lugar a la medida cautelar peticionada, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Por lo tanto, ordenaba a la empresa Telecom Personal SA a que “suspenda, respecto al usuario Carlos Weyenbergh, el sistema de tasación dispuesto por la Resolución 26/2013, Art. 1, segunda parte, en cuanto dispone que la unidad de medida de tasación será el segundo medido a partir del instante en que fue establecida la comunicación, debiendo cobrarse los segundos efectivamente consumidos”.

PRIVATIZACIONES

Pero, para entender cómo se llegó a este dictamen, hace falta volver la vista atrás, más precisamente a los años 90, cuando en pleno gobierno de Carlos Menem, se permitieron las privatizaciones de casi todos los servicios públicos.

Dichas privatizaciones fueron parte de un plan muy bien orquestado por los dueños de los grandes capitales y que, bajo la apariencia de ser un Programa de Gobierno, sirvió para que los inversores extranjeros se apropiaran de los negocios públicos que prestaba el Estado y que tienen como garantía de rentabilidad el mercado cautivo de los ciudadanos argentinos, que no son otros que los servicios de distribución del agua, la luz eléctrica, los teléfonos y televisión, conformando la gran masa de usuarios.

Servicios que antes eran prestados por las empresas públicas que dependían del Estado y que, como consecuencia de las privatizaciones, fueron transferidos a los inversores extranjeros, quienes hoy vean asegurada su rentabilidad y se llevan la mayor parte del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

ENTES REGULADORES
Ante tal situación, la reforma constitucional de 1994, estableció la creación de “Entes Reguladores”, como una forma de protección de los ciudadanos y se establecieron ciertas normas protectoras en sus Arts. 42 y 43. Dichas garantías habilitaban la posibilidad de acceder a la vía judicial rápida del amparo para los usuarios, las asociaciones de usuarios y los defensores del Pueblo de las provincias y de la Nación. Esto posibilitaba ejercer en forma rápida y eficiente la defensa de sus derechos cuando son conculcados, y avasallados por las empresas prestatarias de estos servicios públicos prestados por las empresas multinacionales.
Hoy, tales principios y garantías se encuentran delimitados en la Ley 24.240, de Defensa de los Consumidores, que exige un trato digno y equitativo y protege los intereses económicos de los usuarios, sobre todo a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, que amplió las garantías en los contratos de adhesión (Arts. 988 y 989).

Sin embargo, en la actualidad, son muchos los que aseguran que estos servicios carecen prácticamente de todo contralor por parte del Estado, ya que los entes reguladores -que fueron establecidos como una forma de garantizar los derechos de los consumidores- se encuentran prácticamente disminuidos en sus funciones y cooptados por las propias empresas. De modo tal que sus funciones fueron restringidas y limitadas, facilitando el abuso de todo tipo por las prestatarias en perjuicio de los usuarios y consumidores.

 

Fuente: La Columna

También podría Interesarte

Los comentarios están cerrados.