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Tucumán

El Concejo Deliberante de la ciudad norteña pretende prohibir la discusión por la legalización del aborto

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó una ordenanza que dispone “vedar todo tipo de acción que tenga por objeto la interrupción de la gestación del ser humano por nacer en el vientre materno”.

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La declaración que pretende anticiparse a un debate que sigue abierto en el Congreso de la Nación fue denunciada por organizaciones feministas por ir a contramano de la Constitución provincial.

Los efectos de la norma municipal, que condena “aquellos métodos que se sirven de fármacos con el objeto de destruir al embrión o impedir su anidación”, condiciona la atención sanitaria de las salas y hospitales que están bajo la órbita de la administración comunal.

Como si fuera poco, establece la necesidad de “promover la educación y concientización en todos los ámbitos del municipio” pero con una sola óptica y bajo las siguientes condiciones: respetar “la dignidad intrínseca de la vida humana, en especial de los niños por nacer”, y explicar que la vida humana se extiende “desde la concepción hasta la muerte natural” de la persona.

Por último, se pide dar cuenta del “daño y la violencia que significa el aborto para el niño por nacer, su madre y su entorno familiar”, haciendo hincapié en “las consecuencias dañosas de tipo psicológico, físico y emocional que producen estas prácticas, en gran parte desconocidas”. Es decir, sobre las muertes de mujeres durante abortos clandestinos, ni hablar.

La Fundación Mujeres X Mujeres sostuvo que la ordenanza contenida en el expediente N° 138-HCD-182 fue “dictada en violación a las competencias otorgadas por el artículo 134 de la Constitución Provincial”, que establece los alcances de las medidas que pueda tomar un municipio. “Atenta contra los postulados republicanos de división de poderes y organización federal”, añadió a través de un comunicado.

La organización sostuvo que la medida es parte de una más de las “estrategias políticas destinadas exclusivamente a confundir a la ciudadanía” sobra la base de un “mensaje acorde a la moral sexual restrictiva”.

Además, la ONG recordó que Tucumán es la única provincia que no adhirió a la ley 25.673 “que asegura la provisión de métodos anticonceptivos a la población y a ello se suma la nula implementación de la ESI en la Escuela Pública”.

El embarazo adolescente en Tucumán es del “73 por ciento y supera la media nacional en este campo, donde llega al 64”, indicó el comunicado. Por eso, la ordenanza dictada en la capital provincial “desconoce la autonomía reproductiva, la libertad y el derecho a la salud de las mujeres”, concluyó la fundación.

 

Fuente: Pagina 12

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