Diario Digital
Envianos tus Noticias

Carles Puigdemont declaró en Bruselas y la justicia decidirá si lo extradita a España el 4 de diciembre

También declararon cuatro ex ministros catalanes. Madrid aseguró al tribunal belga que las condiciones carcelarias españolas son seguras para Puigdemont.

El presidente catalán cesado Carles Puigdemont declaró este viernes por la tarde ante el tribunal de Bruselas que debe pronunciarse sobre su entrega a España, donde está acusado de «rebelión» por su papel en la declaración unilateral de independencia en Cataluña. Sin embargo, el juez que entiende la causa pospuso hasta el 4 de diciembre el plazo para decidir si acepta o no la petición de extradición presentada por la Audiencia Nacional española.

Puigdemont y otros cuatro ex miembros del ejecutivo catalán destituido lograron esquivar la horda de fotógrafos y cámaras que les esperaban ante el inmenso Palacio de Justicia de la capital belga, donde debieron comparecer durante varias horas.

Sus abogados belgas, que denuncian una «histeria judicial» en España, rechazan la ejecución de esa euro-orden fruto de un «juicio político» durante la audiencia que se celebró en Bruselas a puerta cerrada.

Los cinco políticos catalanes se instalaron en Bélgica después que el gobierno español cesara al ejecutivo catalán, pusiera la autonomía bajo su tutela y convocara elecciones para el 21 de diciembre en reacción a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.

Puigdemont y los otros cuatro miembros de su gobierno cesado consideran que no cuentan con las garantías necesarias para un proceso justo en España, donde se les acusa de «rebelión», «sedición» y «malversación». Ocho de sus compañeros están en prisión provisional.

Madrid asegura un tratamiento
justo para Puigdemont

El ex president de la Generalitat Carles Puigdemont ingresaría en la prisión de Estremera (Madrid VII) en caso de que se decidiera su encarcelamiento tras la extradición, un centro de los más “avanzados” de España, en el que mantendría el contacto con su abogado y estaría a salvo de agresiones.

Así se pone de manifiesto en la respuesta que España ha remitido a la Fiscalía belga, que ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información sobre el sistema penitenciario y judicial español de cara a la comparecencia de Puigdemont y los cuatro ex consellers ante la justicia en Bruselas, a donde huyeron.

La fiscalía belga se ha interesado por las celdas de aislamiento (que se utilizan sólo en caso de agresiones a funcionarios), la visita de familiares, la higiene o incluso la alimentación en las prisiones españolas. Interior explica que los otros cuatro ex consellers ingresarían en la prisión de hombres en Estremera y las mujeres en Alcalá-Meco, una vez se autorice su traslado cumpliendo la orden de detención de la Audiencia Nacional.

Aunque la Cámara del Consejo bruselense apruebe la petición de la justicia española, los políticos independentistas prevén agotar todos los recursos posibles, lo que podría prolongar el proceso en Bélgica al menos hasta enero.

El juez único de esta primera instancia tendrá «entre ocho y 10 días» para pronunciarse, según los abogados. Carles Puigdemont y los cuatro ex miembros de su Ejecutivo -Antoni Comín (Sanidad), Clara Ponsatí (Educación), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura)- deben estar presentes en la audiencia.

El 5 de noviembre se entregaron a las autoridades belgas. Tras declarar, un juez de instrucción decidió ponerlos en libertad condicional con la prohibición de salir de Bélgica sin autorización del juez, obligación de comunicar su dirección y de obedecer a todas las citaciones de la justicia y la policía.

La orden europea de busca y captura fue creada por la Unión Europea en 2002 -y transpuesta un año más tarde a la normativa belga- para facilitar la extradición entre Estados miembros sin intervención del poder político.

Pocos son los casos en los que se rechaza la ejecución de una euroorden, según varios juristas interrogados por la AFP, puesto que este procedimiento se basa en el principio de «confianza mutua» entre sistemas judiciales que se presuponen cercanos.

Pero en esta situación concreta, con cinco protagonistas de la crisis catalana, no hay lugar para la «confianza», según los abogados.

«Es una orden de detención europea totalmente atípica […] No hay mención a una infracción penal atribuida a una persona», denuncia Michèle Hirsch, quien defiende a Comín y Serret junto a su colega bruselense Christophe Marchand.

Para los dos abogados, que coordinaron su defensa con los de los otros ex dirigentes catalanes, lo que se pone en tela de juicio es un «proceso político que se desarrolló pacíficamente y cuyas intenciones no se escondían».

«Se llamó a una votación para un referéndum, no se dijo: ‘Tomen las armas, ciudadanos'», señalan.

La estancia de Carles Puigdemont en Bélgica puso en un aprieto al gobierno de coalición belga liderado por el francófono valón Charles Michel y generó roces entre Bruselas y el ejecutivo de su par español Mariano Rajoy.

Para intentar hacer olvidar las fricciones, ambos mandatarios mantuvieron este viernes una reunión bilateral en la ciudad portuaria de Gotemburgo (suroeste de Suecia), en la que «no hablaron de Cataluña», según una fuerte del gobierno español.

El partido nacionalista Nueva Alianza Flamenca (N-VA) es uno de los pilares de la coalición en el poder en Bélgica, y varias de sus figuras emblemáticas, como el ministro del Interior, Jan Jambon, expresaron su simpatía con los catalanes.

 

También podría Interesarte

Los comentarios están cerrados.